Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, adelantó hace unos días que el Ejecutivo abordará este año la ampliación de las bases máximas de cotización. Junto con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el ministro ha explicado que activará la ampliación de las bases máximas de cotización y, por consecuencia, una ampliación de las pensiones máximas.
Esta medida se recoge en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas y según explican desde Seguridad Social, sería una modificación pequeña «y en un amplio periodo de tiempo».
La base de cotización máxima ha crecido prácticamente un 30% desde 2010. Tras estar congeladas desde 2019 a 2021, el Ministerio de Seguridad Social publicó en marzo el nuevo tope de cotización al alza: 4.139,40 euros mensuales para los trabajadores del régimen general, lo que supone un crecimiento del 29,4% desde los casi 3.200 euros mensuales que topaban las bases máximas hace algo más de una década.
La segunda parte de la reforma del sistema de pensiones recoge la adecuación de la base máxima del sistema a través de un incremento gradual de su cuantía acompasada de una adaptación posterior de la pensión máxima en vistas a preservar la contribución al sistema y para reforzarlo ante el retiro de los baby boom.
Tal como recoge el documento que ha recibido Bruselas, el Gobierno también adecuará el periodo de cómputo para el cálculo de la pensiones «de las nuevas carreras profesionales». Desde 2020 se lleva barajando la posibilidad de ampliar el cálculo de 25 a 35 años. Sobre esta medida, fuentes de la Seguridad Social explican que pretende reforzar y cubrir las lagunas de aquellos empleados que se quedan sin empleo durante una temporada. A su vez, una posible ampliación implicaría un recorte medio de la pensión inicial del 8,8%, lo que aportaría mayores garantías de sostenibilidad al sistema.
Jubilación activa, parcial y demorada
Con motivo de adaptarse a carreras profesiones «más extensas y variadas introducirán en la reforma «aspectos como los nuevos incentivos a la jubilación demorada o la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa», se plantean nuevos escenarios en los que se pretende fomentar la jubilación activa y parcial.
Como ejemplo, el ministro ha recordado que desde el 1 de enero, cualquier persona que demore su jubilación un año recibe una compensación que puede llegar hasta 12.000 euros por año demorado, que puede darse por pago de una vez.
Antes de eso, Seguridad Social tiene en juego la reforma del sistema de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos, la reforma Régimen de Trabajadores Autónomos (Reta). Por otra parte, está pendiente la puesta en marcha del nuevo superfondo público de pensiones, con los planes de empleo que están siendo tramitados en el Congreso. La intención del Ejecutivo es que debería estar en funcionamiento en la segunda parte del año.
Sostenibilidad «garantizada»
La sostenibilidad del sistema de pensiones según el Ministro Escrivá, «está garantizada» ante el abismo del retiro de una generación, los baby boom, que vio nacer a 14 millones de personas y que a partir de 2023 comenzarán a Jubilarse.
Uno de los puntos sobre los que se apoya Escrivá para mejorar la sostenibilidad del sistema es la participación laboral de los mayores de 55 años, en línea con las medidas adoptadas en la reforma de pensiones. El aumento de la esperanza de vida y de la calidad de vida hace que las carreras profesionales puedan ser más extensas y variadas, y esto se refleja en la reforma en aspectos como los nuevos incentivos a la jubilación demorada o la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa.
Con respecto a la edad de jubilación, el ministro asegura que en España «no es un asunto que genere confrontación; al contrario, está solucionado por consenso», y ha recordado que con el acuerdo de los agentes sociales y del Pacto de Toledo, cuando se aprobó una subida gradual, que finalizará en 2027, se exigirán 67 años para el retiro ordinario.
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