Muchos empresarios toman la decisión de parar la actividad de su sociedad sin disolverla formalmente. A veces porque quieren reactivarla en el futuro. A veces porque el proceso de cierre les parece complicado. Y otras porque simplemente asumen que si no hay actividad, tampoco hay obligaciones.
Es un error que puede salir muy caro.
Una sociedad inactiva sigue existiendo jurídicamente hasta que se disuelve y liquida de forma oficial. Y mientras exista, tiene obligaciones concretas que no desaparecen por el hecho de no facturar.
Lo primero: comunicar el cese a Hacienda
El primer trámite al declarar la inactividad es notificarlo a la Agencia Tributaria mediante el Modelo 036 o 037, marcando la casilla de cese de actividad. El plazo para hacerlo es de un mes desde el cese real. Con esa comunicación, la sociedad deja de presentar declaraciones periódicas de IVA — siempre que no tenga operaciones pendientes de ejercicios anteriores.
Lo que no desaparece con ese modelo es todo lo demás.
Impuesto de Sociedades: obligatorio aunque el resultado sea cero
Una sociedad inactiva debe seguir presentando el Modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades cada año. El artículo 124 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades no hace excepciones: todas las entidades sujetas al impuesto deben declarar, independientemente de si han tenido actividad o no. En el modelo se marca la casilla específica de «entidad inactiva» y se cumplimentan únicamente los datos del balance — pero la presentación es obligatoria.
No presentar el IS genera sanciones de la Agencia Tributaria aunque la cuota a ingresar sea cero.
Contabilidad y cuentas anuales: igual que si estuviera activa
Aquí está la obligación que más sorprende. La Ley de Sociedades de Capital no exime a las sociedades inactivas de sus obligaciones mercantiles. La sociedad debe:
Llevar la contabilidad conforme al Código de Comercio y el Plan General Contable. Legalizar los libros contables dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio. Formular y aprobar las cuentas anuales en los seis meses siguientes al cierre. Depositar las cuentas en el Registro Mercantil en el mes siguiente a su aprobación.
El incumplimiento del depósito de cuentas tiene consecuencias graves: sanciones del ICAC de entre 1.200 y 60.000 euros, cierre de la hoja registral — lo que impide inscribir cualquier acto societario — y posible revocación del NIF por parte de Hacienda.
Un detalle que pocos conocen: la causa de disolución automática
El artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital establece que una sociedad debe disolverse cuando cesa en el ejercicio de su actividad. Y especifica que se entiende producido ese cese tras un período de inactividad superior a un año. Cuando se alcanza ese punto, el órgano de administración tiene la obligación legal de convocar una Junta General para acordar la disolución. Si no lo hace, los administradores pueden incurrir en responsabilidad personal y solidaria frente a las deudas sociales.
¿Qué conviene hacer?
Si tienes una sociedad inactiva, hay dos caminos: mantenerla correctamente — cumpliendo todas las obligaciones que acabamos de describir — o proceder a su disolución y liquidación formal para evitar costes y riesgos futuros. La decisión depende de si existe intención real de reactivarla y en qué plazo.
Lo que no es una opción viable es simplemente ignorarla.
imagen generada con ia
